Justicia adjudica por 33,7 millones los servicios provinciales que gestionan las medidas de medio abierto que cumplen los menores infractores

La Fundación Diagrama asume la coordinación en Córdoba, Huelva y Málaga; la Asociación Meridianos se encargará de Almería; y la entidad Ginso, de Cádiz, Granada, Jaén y Sevilla

  • La duración de los contratos es por cuatro años hasta el 31 de enero de 2028

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha adjudicado por un total de 33.755.353,33 euros los contratos para los próximos cuatro años de la gestión en cada provincia del Sistema Integral de Medio Abierto (SIMA), encargado de coordinar los centros y servicios donde los menores infractores cumplen las medidas no privativas de libertad impuestas por los jueces.

En concreto, la Asociación para el Desarrollo e Integración Social Meridianos gestionará el SIMA de Almería (2,8 millones de euros), mientras que la Fundación Diagrama Intervención Social se encargará del servicio en Córdoba (3,1 millones), Huelva (2,7 millones) y Málaga (6,4 millones). La entidad Ginso ha resultado adjudicataria en el resto de provincias, en unión con Imeris en el caso de Cádiz (6,3 millones), Granada (4,2 millones) y Jaén (2,7 millones) y con Ambar 21 para el SIMA de Sevilla (5,2 millones).

La duración de todos los contratos es por cuatro años, desde el 1 de febrero de 2024 hasta el 31 de enero de 2028.

La  Junta de Andalucía es la administración competente para facilitar la ejecución de las medidas que imponen los jueces a los menores infractores. Éstas pueden ser privativas de libertad, que los jóvenes cumplen en los Centros de Internamiento de Menores Infractores (hay 13 CIMI en Andalucía con 701 plazas), o de régimen abierto, como la libertad vigilada, las prestaciones en beneficio de la comunidad, las tareas socieducativas, la asistencia a actividades y talleres en centros de día o la estancia temporal en Grupos Educativos de Convivencia.

Los SIMA coordinan la ejecución de las medidas de medio abierto y se encargan del seguimiento de los menores mientras las cumplen. Existen ocho servicios, uno en cada provincia, formados por equipos interdisciplinares de psicólogos, educadores, orientadores laborales o trabajadores sociales. Las entidades que han resultado adjudicatarias cuentan con dilatada experiencia en el ámbito de la intervención psicosocial y la reeducación de jóvenes en situaciones de conflicto.

Una vez que el juez dicta una medida de medio abierto para un menor, los profesionales de los SIMA se encargan de hacer una evaluación del joven, su entorno familiar, circunstancias sociales y hábitos conductuales para elaborar un Programa Individualizado de Ejecución de la Medida. Son responsables de garantizar que cumpla lo dictado por el juez, bien en recursos propios o en coordinación con centros de día donde los jóvenes asisten a talleres sociolaborales o ayuntamientos y ONG donde realizan las prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas. Cada menor cuenta con un profesional referente único durante todo el periodo de ejecución de la medida.

Los equipos de los SIMA trabajaban también con las familias y elaboran los informes de seguimiento para los juzgados, con los que están en permanente coordinación. La reciente implantación del nuevo sistema de información de Justicia Juvenil PRISMA permite integrar en un expediente único digital toda la documentación sobre un menor, tanto la del juzgado como la de los equipos de los SIMA o los de los CIMI en el caso de los que cumplen medidas de internamiento.

Andalucía es la primera comunidad en contar con este sistema, que facilita las comunicaciones entre los jueces y los profesionales que trabajan con los menores durante la ejecución de las medidas, así como el control y seguimiento de su evolución durante todo el proceso. Además, permite la explotación estadística de los datos de manera anónima para estudios e investigaciones que será de gran utilidad para el Observatorio Andaluz de Justicia Juvenil que prevé crear la Consejería.

Andalucía es la primera comunidad en contar con este sistema, que facilita las comunicaciones entre los jueces y los profesionales que trabajan con los menores durante la ejecución de las medidas, así como el control y seguimiento de su evolución durante todo el proceso. Además, permite la explotación estadística de los datos de manera anónima para estudios e investigaciones que será de gran utilidad para el Observatorio Andaluz de Justicia Juvenil que prevé crear la Consejería.

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