Iniciativa Sindical Andaluza insta a la Junta a que regule el teletrabajo desde una perspectiva de “eficacia en la prestación de servicios e igualdad de condiciones laborales”
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- Rocío Luna: “El decreto supone una gran oportunidad para avanzar en la modernización de la administración andaluza, por eso aspiramos al mejor texto”
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El sindicato Iniciativa Sindical Andaluza ha destacado que el decreto que regula el teletrabajo supone “un importante avance en la modernización de la administración andaluza, que beneficia tanto a la propia administración como al personal empleado público, pero desde luego no en términos de privilegio o castigo, como se desprende del borrador”.
Es por ello que “aspiramos al mejor texto” y para ello ha instado a la Junta “a una implementación eficaz, que permita una aplicación óptima del teletrabajo, tanto en términos de prestación del servicio público, como en igualdad de condiciones y derechos laborales. Con este objetivo estamos trabajando en las alegaciones al documento que comienza a negociarse”, tras su presentación en la Mesa Sectorial del pasado 6 de febrero.
ISA ha advertido de “un exceso de presencia de la evaluación del desempeño. estableciendo porcentajes inadecuados y una condición innecesaria en muchos de los puntos, cuando además se trata de dos conceptos diferentes, y por tanto deben llevar cauces diferentes”. Mientras el primero es una modalidad de trabajo, la evaluación del desempeño es, según el TREBEP, “el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados”.
La secretaria de Acción Sindical, Rocío Luna, ha hecho hincapié en la distinción con el permiso voluntario, de manera que “se e autoriza un permiso de teletrabajo que no podría exceder de 4 días a la semana, pero cuando es voluntario no puede exceder de 1 día, lo cual nos parece insuficiente e inadmisible”.
Igualmente defenderán que sigan siendo 6 meses, en vez de un año el tiempo de trabajo presencial como se propone en el texto, poder optar a desarrollar un puesto mediante teletrabajo.
Asimismo, el sindicato ISA no comparte la idea de la Junta de Andalucía de que “se excluya del teletrabajo las secretarías de los órganos superiores y directivos, cuando no lo hace con los propios órganos a los que atienden, al igual que las oficinas de registro para las que puede establecerse un sistema que permita el teletrabajo”. “Instamos a la administración a que se modifiquen las RPT (Relaciones de Puestos de Trabajo) para que se identifiquen los puestos susceptibles de desarrollarse bajo la modalidad de teletrabajo, que tienen que ser la mayor parte de ellos”, señaló.
Luna ha incidido también en la distinción entre teletrabajo obligatorio y voluntario, en cuanto a exigencias de equipamiento técnico, corriendo este último a costa de la persona teletrabajadora, por lo que ha abogado por que “los medios sean aportados por la propia administración para que la prestación de servicios sea posible en igualdad y en las mejores condiciones”.
ISA también alegará que “se elimine, en la concesión del teletrabajo por motivos de salud, que los familiares a cargo vivan en el mismo domicilio donde se presta el teletrabajo y que la duración no sea como máximo 3 meses, sino que se revise la situación y, si persiste, que se amplíe periodo”.
El sindicato no comparte que el decreto distinga puestos en la RPT de teletrabajo, que se cubrirán por concurso específico. “No entendemos la necesidad de un tipo de concurso diferente al resto de puestos”, por lo que han abogado por “ir modificando las RPT para dotar de estas características a los puestos que pueda corresponderles, según sus funciones y el acceso a ellos será el ordinario”.
Finalmente, Luna ha incidido en la necesidad de “mecanismos de seguimiento y evaluación de las personas que tengan competencias sobre la distribución de las tareas entre el personal que forme parte de la unidad a evaluar tanto del desempeño como la calidad de las tareas ejecutadas mediante teletrabajo”, y la propuesta del sindicato irá dirigida a que “en cada centro se constituya una comisión evaluadora con participación de las organizaciones sindicales de la mesa sectorial”.