Desarticulan en la Sierra Sur de Sevilla un entramado de trabajadores irregulares en dos empresas de servicios agrícolas tras una denuncia en Osuna
La Guardia Civil ha investigado a dos personas como presuntas autoras de varios delitos relacionados con la explotación laboral de trabajadores extranjeros. Entre los hechos que se les imputan figuran delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones en el ámbito laboral, usurpación de identidad y falsedad documental.
La actuación se inició tras la denuncia presentada por una persona migrante en dependencias de la Guardia Civil de Osuna. El denunciante aseguró haber sufrido lesiones mientras realizaba labores de recogida de aceitunas en una finca agrícola de la comarca de la Sierra Sur de Sevilla.
Investigación tras una denuncia por lesiones laborales
A raíz de estos hechos, el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Osuna puso en marcha una investigación para esclarecer lo ocurrido. Los agentes comprobaron que la víctima había sido atendida en el Hospital Comarcal de Osuna por lesiones presuntamente derivadas de su trabajo en el campo.
En el marco de la operación CAÑADA.26, se constituyó un equipo conjunto integrado por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna, con la colaboración de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Policía Nacional de Sevilla y funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Durante la primera fase de la investigación, los agentes recopilaron información que permitió autorizar la entrada y registro en dos empresas de servicios agrícolas asentadas en la Sierra Sur. En estas inspecciones, la Guardia Civil detectó graves deficiencias en las condiciones de habitabilidad de las viviendas donde residían los trabajadores, con situaciones de insalubridad y falta de medidas básicas de higiene y seguridad.
Además, los investigadores identificaron a seis personas extranjeras en situación irregular que realizaban labores agrícolas sin ningún tipo de contrato laboral.
La operación se ha saldado con la investigación de los dos administradores de las empresas implicadas, así como de un trabajador. Todos ellos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente como presuntos responsables de los delitos señalados.
