Andalucía implementará un Plan de Infraestructuras Judiciales en cuatro fases para renovar todas sus sedes en el territorio
- El consejero explica en Comisión las actuaciones previstas con el objetivo de crear un nuevo ecosistema de trabajo basado en una Justicia digital, sostenible y humana
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha informado hoy a los grupos parlamentarios los detalles del Plan de Infraestructuras Judiciales (PIJ) 2023-2030 que abarcará el total de los 85 partidos judiciales andaluces. Para ello, el plan se desarrollarán en cuatro fases adaptadas a la complejidad de los proyectos.
Nieto resaltó que el PIJ no se limita a la construcción de edificios, sino que busca un entorno propicio para los trabajadores del sistema judicial, considerando la integración de servicios digitales, la sostenibilidad y la eficiencia energética de las sedes judiciales.
Durante su intervención en Comisión, Nieto ha detallado que el plan completará:
- La red de Ciudades de la Justicia en todas las capitales de provincia (con la construcción de las de Granada, Huelva y Jaén y completar la de Sevilla), además de Algeciras (Cádiz), Marbella (Málaga) y Jerez
- Complejos Judiciales en una red de ciudades medias como Roquetas de Mar (Almería), Dos Hermanas (Sevilla) o Torremolinos (Málaga)
- Sedes nuevas en partidos judiciales como Lucena (Córdoba), Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Estepona, Torrox o Fuengirola (Málaga), La Línea de la Concepción o El Puerto de Santa María (Cádiz)
Estas acciones también garantizarán la accesibilidad, la asistencia a víctimas vulnerables y la sostenibilidad, además de adecuarlas al nuevo modelo de organización de la LEO.
Cuatro fases
El consejero ha comunicado a los grupos el calendario para llevar a cabo todas estas acciones, dividido en cuatro fases. Así, hasta final de este año se están realizando los estudios preliminares, reorganización y conclusión de los proyectos impulsados previamente.
En la segunda fase, entre 2025 y 2026, se promoverán proyectos ya definidos o que por la situación de las sedes requieren más urgencia.
Durante la fase tres, que abarca desde 2007 hasta 2028, se definirán los proyectos menos desarrollados o con más problemas de tramitación o financiación.
Y la última fase, de 2029 a 2030, se centrará en los proyectos que requieren más esfuerzo de concreción o exigen actuaciones que requieren con más plazo de tramitación, además de cerrar la ejecución de los proyectos iniciados en las fases anteriores.
Justicia humana, digital y accesible
Nieto resaltó que el PIJ forma parte de un Plan Estratégico para establecer el primer modelo de Justicia de Andalucía, que incluye una Estrategia de Recursos Humanos, Plan de Humanización, una Estrategia de Digitalización y una Plan de Sostenibilidad.
El PIJ movilizará 1.500 millones de euros, utilizando fondos europeos por primera vez para sedes judiciales y explorando nuevas herramientas como la colaboración público-privada mediante la concesión de obra pública. Además, se buscará la colaboración con ayuntamientos y diputaciones, de todo signo político, ofreciendo liquidez para inversiones a cambio de un canon de pago durante 30 años por el uso de las infraestructuras.
El consejero ha justificado la necesidad de explorar nuevas formas de financiación para solucionar el déficit que presentan las infraestructuras judiciales, destacando el lento progreso desde que Andalucía asumió las competencias en 1998.
Ello provocó la necesidad de alquilar edificios para poder acoger los nuevos órganos que se han ido creando a lo largo de los años, lo que ha provocado gran “dispersión” (26 partidos judiciales tienen sus órganos judiciales repartidos en dos o más sedes).
Esto deja a los profesionales en instalaciones deterioradas sin espacio para futuras ampliaciones y sin los equipamientos informáticos que requieren las nuevas herramientas digitales, como el sistema de gestión procesal @driano cuyo despliegue estará completado en todas las jurisdicciones el próximo junio.
La previsión es la siguiente:
- que más de 700 millones procedan de la colaboración público-privada y pública-pública
- alrededor de 170 millones de autofinanciación
- unos 45 millones de fondos europeos
- 185 millones de la gestión patrimonial de edificios en propiedad que tras dejar de tener uso judicial “vamos a poner a la venta”
Además, cuando esté completado los 96 contratos de alquiler actuales se reducirán a seis o siete, lo que supondrá ahorrar 17 millones anuales en rentas disponibles para destinarlos al desarrollo del plan.
Nieto ha reconocido que se trata de un plan “integral, ambicioso y holístico” que, según ha garantizado, “vamos a hacerlo en el menor tiempo posible” con la colaboración de todos los operadores jurídicos, entidades locales, la empresa privada y la Consejería de Hacienda. Una colaboración a la que ha animado a los grupos a unirse.