Los menores infractores de Alcalá de Guadaíra harán trabajos en beneficio de la comunidad impuestos por los jueces en su localidad

La Consejería de Justicia y el Ayuntamiento colaboran para facilitar a los jóvenes cumplir las medidas no privativas de libertad sin tener que desplazarse y colaborando en servicios municipales.

Los menores infractores de Alcalá de Guadaíra podrán cumplir las medidas no privativas de libertad que les impongan los jueces en su propio municipio gracias a la colaboración entre la Delegación Territorial de Justicia y el Ayuntamiento para que realicen prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas en servicios municipales.

El delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública, Javier Millán, y la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha suscrito hoy un convenio para facilitar la ejecución de este tipo de medidas a los menores infractores del municipio. “Se evita así que tengan que desplazarse para cumplirlas, pero también se fomenta su mayor concienciación al restituir el daño causado en su entorno más cercano”, ha destacado.

La Consejería de Justicia tiene entre sus competencias garantizar los medios necesarios para la ejecución de las medidas impuestas por los jueces de Menores, tanto de internamiento como de medio abierto. La Ley del Menor ofrece la posibilidad de firmar convenios con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas.

Entre las medidas de medio abierto que pueden fijar los jueces están la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas, que persiguen la reeducación de los jóvenes en situación de conflicto mediante actuaciones reparadoras a la sociedad. 

El delegado ha explicado que la colaboración con los ayuntamientos resulta especialmente eficaz en el caso de delitos contra el patrimonio ya que permite a los menores infractores contribuir a la limpieza municipal, el mantenimiento de parques y jardines y actuaciones de conservación de instalaciones públicas y mobiliario urbano.

Con este acuerdo son ya 15 los ayuntamientos de la provincia con los que la Delegación de Justicia tiene actualmente convenios en vigor para facilitar la ejecución de medidas no privativas de libertad a los menores infractores. En el caso de Alcalá de Guadaíra “resulta especialmente importante contar con este acuerdo ya que alrededor de una treintena de menores alcalareños ejecutan medidas judiciales cada año de distinto tipo”. 

De hecho, actualmente hay 13 menores de la localidad en libertad vigilada, para lo cual también es fundamental la colaboración de la Policía Local, mientras que otros dos tienen decretadas la realización de tareas socioeducativas y prestaciones en beneficio de la comunidad que, según ha detallado el delegado, “gracias a este acuerdo posiblemente este joven las realizará prestando servicio en la Biblioteca Municipal”. 

La Delegación Territorial de Justicia también tiene convenios con ONG como Madre Coraje o Autismo Sevilla, donde mediante el voluntariado los jóvenes toman conciencia de otras realidades sociales y adquieren  valores que los alejan de las conductas conflictivas.

En ningún caso estas tareas realizadas por los menores infractores son remuneradas ni sustituyen ningún puesto de trabajo. El equipo del Sistema Integral de Medio Abierto (SIMA) se encarga de hacer un seguimiento de los menores y remitir informes de su evolución a los jueces durante el cumplimiento de las medidas. 

Millán ha puesto en valor el compromiso de la Consejería con el sistema de Justicia Juvenil con el objetivo de “reeducar a menores que en un momento determinada por distintas circunstancias se ven en una situación de conflicto que merece un reproche penal. En los centros y servicios del sistema los profesionales trabajan para reconducirlos y reinsertarlos a la sociedad ya que tienen mucho que aportar”.

Prueba de ese compromiso es que el presupuesto de la Consejería para este sistema se ha incrementado casi un 10% desde 2018 y contempla una partida de 80,1 millones para los centros y servicios donde los menores ejecutan las medidas judiciales. Millán ha anunciado la creación de un Observatorio andaluz de la Justicia Juvenil, “pionero en España y Europa”.

Alcalá de Guadaíra cuenta con dos de los tres Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de la provincia de Sevilla -el tercero está en Carmona- donde los jóvenes cumplen medidas privativas de libertad decretadas por los jueces. Se trata de El Limonar y La Jara, ambos para chicos, con 30 y 28 plazas respectivamente para internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto y de fines de semana. 

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez ha destacado la colaboración entre ambas administraciones con la puesta en marcha de este convenio, ya que “tanto las medidas preventivas como cautelares en el caso de los menores son  fundamentales para su reinserción en la sociedad.” “Perseguimos una finalidad educativa que lleve consigo una regeneración social”, ha subrayado.

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