El Grupo Socialista de la Diputación de Sevilla pide a la Junta incrementar más su aportación para mejorar las condiciones laborales de la ayuda a domicilio

La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Sevilla ha defendido una moción en el pleno de la institución para pedir al Gobierno de Moreno Bonilla “resolver las listas de espera en dependencia, agilizar la valoración y aumentar las plazas concertadas en residencias y centros de día”.

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla, Rosario Andújar, ha instado al Gobierno de la Junta de Andalucía a incrementar la aportación que hace a las plazas concertadas en residencias y centros de día para mayores o personas con discapacidad, así como la aportación/hora de los servicios de cuidados de ayuda a domicilio para que repercuta en los trabajadores y trabajadoras, sin suponer una mayor carga para los ayuntamientos. Así, Andújar ha explicado que el Grupo Socialista defiende esta moción en el pleno de la Diputación de Sevilla para que el gobierno de Moreno Bonilla “priorice los recursos necesarios para una gestión adecuada de la valoración de la discapacidad y evitar plazos de espera cada vez más dilatados”.

La portavoz socialista ha recordado que en la provincia de Sevilla figuran 12.904 personas como pendientes para ser atendidos por la Ley de Dependencia y ha lamentado que “dada la avanzada edad y el deterioro de la mayoría de los solicitantes, muchos de ellos no llegarán a ser beneficiarios de un derecho que por resolución les corresponde”. De las 12.904 personas que figuran en esta lista de espera en la provincia de Sevilla, 5.105 están pendientes de valoración y 7.799 personas están a la espera de la elaboración del PIA.

El grado de dependencia se dictamina tras un informe que realiza el órgano evaluador de la Comunidad Autónoma, en nuestro caso la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía. Según los datos de la propia Consejería, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, la lista de espera para acceder a la prestación por dependencia en Andalucía está por encima de las 63.000 personas, a fecha de fin de diciembre de 2023. En concreto, 28.431 solicitantes están pendientes de valoración y, lo que aún es más grave, 35.558 personas que tienen reconocido el derecho están pendientes de la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA). 

La media para ser atendidos desde que se registra la solicitud en el sistema de la Agencia alcanza los 556 días. Si a ello le sumamos los trámites iniciales para completar la solicitud, estaríamos hablando de dos años de espera. Según ha explicado Andújar, “debido al frenazo en el registro de entrada de nuevas solicitudes, que una vez más la Junta de Andalucía achaca a problemas técnicos, el número total de solicitantes ha disminuido, pero se mantiene en números inaceptables el de personas valoradas pendientes de su prestación”. 

El Defensor del Pueblo de forma reiterada y la Cámara de Cuentas, en su último informe de fiscalización de 2021, han instado al Gobierno a incrementar los medios para la gestión de la valoración de la discapacidad para evitar, entre otros aspectos, que existan cada vez plazos de espera más dilatados. Este último informe revela que entre 2018 y 2021 no se resolvieron en el plazo legal establecido un 77% de los expedientes tramitados.

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La misma Cámara destaca que los gastos que se destinan para valorar la discapacidad disminuyó un 2% en relación al año anterior. Hay que tener en cuenta que el 89% de este gasto se refiere al personal implicado en la valoración. 

Por último, la portavoz socialista ha destacado que «a todo esto hay que sumar el déficit de plazas de residencias para mayores en Andalucía, que se eleva a 32.600 personas». El porcentaje de plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años sólo alcanza el 1,9% de los andaluces, casi un punto de la media nacional, que se sitúa en el 2,79%. “Y todo ello pese a que el Gobierno de España ha aumentado en 700 millones de euros la cuantía destinada a dependencia desde 2021” con el fin de reducir las listas de espera, los plazos de tramitación, mejorar las condiciones laborales y profesionales, y mejorar los servicios y prestaciones.

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