El PSOE de Sevilla exige en el Parlamento la “urgente recuperación de 91 viviendas de protección oficial en Écija”

El Secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, ha defendido dicha iniciativa, en la Proposición No de Ley presentada en comisión por el grupo parlamentario Por Andalucía. De hecho ha presentado una enmienda “in voce” para instar al Consejo de Gobierno a que se retrotraiga el procedimiento al momento en el que se autoriza la transferencia de la titularidad de las viviendas a la empresa que la adquirió en subasta por considerarse nulas de pleno derecho conforme al artículo 32 del Reglamento de Vivienda Protegida de Andalucía (RVPA), y se reinicie el procedimiento, de modo que la administración autonómica ejerza su derecho de tanteo y retracto para que las citadas viviendas sigan formando parte del parque público de vivienda”.

Rafael Recio ha sostenido que en lo que se refiere a la recuperación de 91 Viviendas de Protección Oficial sitas en las calles Estatuto de Autonomía y La Luisiana de la localidad sevillana de Écija, “nos hallamos ante un tema capital para la ciudad astigitana”. Al tiempo que ha recordado cómo “los socialistas llevamos años insistiéndoles tanto en Écija, como en este parlamento, para solucionar de una vez este problema. Sin embargo, ustedes hacen oídos sordos y esconden la cabeza cual avestruces, mientras condenan a 91 familias a perder su vivienda. Una de las peores situaciones a las que se puede enfrentar, hoy en día, cualquier ser humano”.

Ya en octubre del año 2000, la citada promoción de viviendas obtuvo la calificación definitiva de protección oficial de promoción privada, con sus correspondientes plazas de garaje vinculadas, pertenecientes al régimen especial, uso alquiler, promovido por la Sociedad Ecijana para el Desarrollo Económico (SEDESA). 19 años más tarde, en agosto, se produce una primera adjudicación provisional en subasta de la referida promoción a Inversiones Técnicas ALDAJA, S.L. Desde entonces, ni las múltiples reuniones mantenidas ni los escritos realizados por parte del gobierno municipal socialista solicitando tanto a la Delegación de Fomento y Vivienda como a la Secretaría General de Vivienda, de la Junta de Andalucía que intercediesen en defensa y salvaguarda de las viviendas de promoción pública y de las 91 familias inquilinas, sirvieron de nada.

En ese sentido, Recio ha señalado la “tremenda hipocresía de la delegada de Fomento de Sevilla al decir ante la posibilidad de que, en un futuro, especialmente una vez concluya el régimen legal de protección puedan verse afectadas por procedimientos especulativos que pudieran provocar una alarma social, dadas las características de vulnerabilidad de las familias inquilinas, resulta del interés de esta Administración que dichas viviendas continúen bajo la tutela pública.” Mientras que, en octubre de 2019, la Secretaria General de Vivienda, Alicia Martínez, afirmaba “es un tema generado a nivel municipal, pero el interés de la Junta es que las personas que habitan esas viviendas tengan todas las garantías, dentro siempre de lo que permite la ley. La coordinación con el Ayuntamiento está asegurada en este proceso en el que velaremos por estos inquilinos”.

Sin embargo, Recio ha insistido en que “nunca han cumplido con su palabra. Hasta el punto de que la subasta pública de 2019 fue malograda por la propia empresa adjudicataria, fruto de la insolvencia y la clara intención especulativa que tenía y puso de manifiesto el propio Administrador Concursal”.

En agosto de 2020, ante una nueva subasta pública se notifica al Ayuntamiento de Écija la transmisión de las viviendas a la empresa “Desarrollos Urbanísticos de la Ría del Rompido S.L.” que se formaliza el 6 de abril de 2021. Un mes más tarde, el Consistorio presenta ante la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento en Sevilla, una nueva solicitud de ejercicio del derecho de retracto respecto a las mencionadas viviendas y garajes. “Ante lo que el Partido Popular continuó sin hacer nada. A pesar de saber que el Parlamento de Andalucía había aprobado la Ley 1/2018 de 26 de abril de Tanteo y Retracto en Desahucios de Vivienda, un Proyecto de Ley presentado por el anterior Gobierno socialista que establecía el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en nuestra comunidad autónoma. Una norma que permitía a la Junta ejercer el derecho de compra preferente de las viviendas afectadas por un desahucio, de tal forma que estas viviendas se incorporarán al parque de viviendas autonómico. De modo que, las familias podían permanecer en sus hogares tras la pérdida de su vivienda a cambio del pago de un alquiler social”, ha subrayado el secretario de organización de los socialistas sevillanos al poner como ejemplo la aplicación que en julio de 2018, la Junta de Andalucía realizó al ejecutar una compra por valor de 780.000 € de una promoción de viviendas en la localidad sevillana de Santiponce para “evitar el desahucio de 58 familias con recursos limitados. Una situación exactamente igual a la de las 91 viviendas de Écija, a la que un gobierno socialista dio solución, mientras que el actual gobierno de Juanma Moreno se niega a hacer lo propio”.

Los socialistas afirman que el anterior gobierno municipal del PSOE en el ayuntamiento de Écija hizo “todo lo que estuvo en su mano, mediante la solicitud de ejercicio del derecho de retracto por parte de la Junta respecto a las mencionadas viviendas y garajes. Solicitud que fue desestimada por la Delegación de Fomento de Sevilla y recurrida mediante el correspondiente recurso de alzada por parte del ayuntamiento astigitano, en junio de 2021, al considerar que el dictamen de la Delegación Territorial de Fomento de Sevilla supuso una transgresión del principio de lealtad institucional. A lo que seguiría una moción aprobada por todos los grupos municipales, incluido el Partido Popular que hoy gobierna dicho ayuntamiento, para volver a solicitar a la Junta el ejercicio del derecho de tanteo y retracto”.

El 23 de noviembre de 2022 la Junta de Andalucía, afirman los socialistas, “reconoce que tras haber revisado el procedimiento se detecta que a los inquilinos de dichas viviendas no se les notificó en tiempo y forma la posibilidad de tanteo de las viviendas en las que habitaban, por lo que las adjudicaciones eran nulas de pleno derecho. Por lo que se solicita que se retrotraiga al momento en el que se autoriza la transferencia de la titularidad de las viviendas a la empresa que la adquirió en subasta para que se reinicie el procedimiento. Y se le vuelve a pedir a la Junta que, ahora sí, ejerza su derecho de tanteo y retracto, de modo que las viviendas sigan formando parte del parque público de vivienda”. Por todo ello, Rafael Recio ha manifestado que “el grupo socialista apoya la PNL presentada por el grupo Por Andalucía, pero igualmente y, por todo lo expuesto, presentamos una enmienda in voce para instar al Consejo de Gobierno a que, en relación con las 91 Viviendas de Protección Oficial sitas en las calles Estatuto de Autonomía y La Luisiana de la localidad sevillana de Écija, se retrotraiga el procedimiento al momento en el que se autoriza la transferencia de la titularidad de las viviendas a la empresa que la adquirió en subasta por considerarse nulas de pleno derecho conforme al artículo 32 del Reglamento de Vivienda Protegida de Andalucía (RVPA), y se reinicie el procedimiento, de modo que la administración autonómica ejerza su derecho de tanteo y retracto para que las citadas viviendas sigan formando parte del parque público de vivienda”.

La PNL no ha sido aprobada al ser insuficientes los votos a favor de PSOE y Por Andalucía, frente a la abstención de VOX y los votos en contra del PP.