Vecinos de El Porvenir de Sevilla piden medidas frente a las ocupaciones ilegales


Un nuevo caso de ocupación ilegal ha conmocionado a los vecinos del barrio de El Porvenir, en Sevilla. Ayer por la tarde, un individuo fue captado en vídeo mientras escalaba desde la calle hasta la segunda planta de un edificio para introducirse por una ventana. El edificio, según informan los vecinos, «pertenece al ayuntamiento y se encuentra en la calle Gonzalo Díaz, justo al lado del ambulatorio».
Los vecinos del área están alarmados por la situación. Explican que esta no es la primera vez que ocurre algo similar. El pasado sábado, tres individuos a los que han apodado como “Spider-Man”, también escalaron hasta la segunda planta del mismo edificio. En esa ocasión no solo accedieron a la vivienda, sino que también «tiraron un aire acondicionado antiguo desde la segunda planta y se llevaron varios metales», según informan los vecinos.
Los residentes temen que estos individuos, que ya han demostrado habilidades para escalar edificios, puedan colarse también en sus pisos. Uno de los vecinos declaró: “Lo mismo que ocupan una vivienda del ayuntamiento, pueden colarse en nuestras casas. Esto no puede seguir así”. La preocupación por la seguridad en el barrio va en aumento, especialmente porque estos actos se han repetido en un corto periodo de tiempo.
El edificio en cuestión está ubicado en una zona transitada, lo que hace que estos incidentes sean aún más alarmantes para los residentes. A pesar de la visibilidad del área, los ocupantes parecen no temer las posibles consecuencias legales de sus acciones. Los vecinos han solicitado mayor presencia policial en la zona y medidas efectivas para evitar nuevas intrusiones.
Director del Distrito Sur
El director del Distrito Sur ha comunicado a los vecinos que “ya está avisado urbanismo para que vayan a realizar las actuaciones necesarias para que no vuelva a repetirse”.
Los informes técnicos revelaron en 2019 que el edificio presentaba problemas graves en las instalaciones, estructuras y cubiertas, lo que llevó a las autoridades a ordenar el desalojo inmediato de los residentes. Se reubicó a las once familias afectadas en otras viviendas públicas. La prioridad fue adjudicar viviendas vacantes a estas familias debido a su situación socioeconómica complicada. Además, se apuntaló y clausuró el edificio para evitar riesgos, garantizando la seguridad de los antiguos residentes.
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