Una subida de tasas del reciclado de más del 80% podrá afectar a vecinos de Morón, Marchena, Arahal, Osuna, La Puebla de Cazalla, Lantejuela y Paradas

El pasado mes de octubre la Comisión Gestora de la Mancomunidad Intermunicipal Campiña 2000, en sesión extraordinaria y urgente aprobaba la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de tratamiento y reciclaje de residuos sólidos urbanos.

Esta modificación supone en la práctica la subida de la tasa del servicio en un 83,79% que repercutirá en los vecinos y empresarios de los siete municipios que integran esta Mancomunidad que es la responsable de la gestión de los residuos sólidos urbanos en estos municipios de la campiña sevillana: Arahal, Marchena, Morón de la Frontera, La Puebla de Cazalla, Osuna, Lantejuela y Paradas.

Esta modificación de la tasa fue aprobada tras la votación del 28 de octubre de la Comisión Gestora de la Mancomunidad, en la que se registraron los votos a favor de Juan Manuel Rodríguez (Morón de la Frontera), Juan Lora (Lantejuela), Francisco Brenes (Arahal), Benito Eslava (Osuna) y María Luisa Lozano (Paradas). En contra votaron Miguel Ángel Martín (La Puebla de Cazalla) y María Teresa Jiménez (Marchena).

La presidencia de esta Mancomunidad recae actualmente en el municipio de Morón de la Frontera, cuyo presidente es su alcalde, Juan Manuel Rodríguez; la vicepresidencia primera la ostenta el municipio de Lantejuela, a través de su alcalde, Juan Lora y la vicepresidencia segunda corresponde al municipio de Paradas, con Mariluz Lozano Pastora.

Según un informe técnico económico realizado por la Mancomunidad a través de su interventor, el coste anual del servicio de residuos es de 5.171.187,68 euros, mientras que los ingresos actuales apenas alcanzan los 2.908.961,20 euros, lo que genera un déficit de 2.262.226,48 euros. Este desequilibrio es el que justifica este informe para hacer viable y necesaria una subida en estas tasas con el objetivo de ajustarse al principio de equivalencia financiera establecido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a las exigencias de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, que establece que las tasas deben cubrir el coste real del servicio.

Según ese informe, de ese total anual de más de cinco millones de euros, 3.188.912,58 € corresponden a costes directos y los casi dos millones de euros restantes se desglosan en 1.064.976,25 euros en amortización, 337.817,60 euros en gastos financieros y otros gastos vinculados con el personal y los operativos suponen 579.481,25 euros.

Para poder evitar ese déficit y hacer sostenible la gestión el informe económico indica que sería necesaria una subida de la tasa del servicio en un 83,79%.

La propuesta no afecta por igual a todos

Según las proyecciones, en algunos casos los incrementos en las tasas podrían ser mayores para autónomos, pequeñas empresas y ciertos sectores que generan más residuos. En el ámbito doméstico, el impacto también será significativo, aunque varía según el tamaño del municipio y el tipo de servicio que se presta.

Desde la dirección técnica de la Mancomunidad, se argumenta que la subida es inevitable para garantizar la viabilidad del servicio. El déficit, acumulado durante años, hace insostenible la gestión en las condiciones actuales. Además, se insiste en que las nuevas normativas europeas medioambientales exigen un mayor esfuerzo financiero para cumplir con los estándares legales y de sostenibilidad.

Alcalde de Arahal: “no es una opción, no queda más remedio”

Paco Brenes, alcalde de Arahal, ha sido uno de los cinco municipios que ha votado a favor de esta subida de tasas y ha asegurado a El Pespunte que esta subida “no es una opción, pues no queda más remedio ya que el día 1 de enero de 2025 acaba el plazo dado por la Unión Europea para tomar unas directrices obligatorias”. 

Brenes se refiere al Plan Integral de Residuos de Andalucía hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030 (PIRec 2030) aprobado con dos propósitos. Por un lado, actualizar los objetivos de prevención, reciclado, valorización y eliminación, a los nuevos objetivos europeos y estatales; por otro, adaptar su estructura, contenidos, períodos de vigencia, y frecuencia de evaluación y revisión a lo dispuesto en el Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR) 2016-2022 y las nuevas directrices europeas. Además, este plan constituye una herramienta básica para reforzar y acelerar la transición de Andalucía hacia una economía circular, para impulsar la competitividad, crear empleo y generar crecimiento sostenible, según explica la Junta de Andalucía en su propia web.

Paco Brenes aclara que “esta subida tenía que haberse realizado paulatinamente en los últimos años ya que se sabía esta fecha para la adaptación”, afirma el alcalde de Arahal.

Voces contrarias a la subida de la tasa

El municipio de La Puebla de Cazalla con su alcalde Antonio Martín Melero a la cabeza ha sido el primero en elevar la voz de alarma y votar en contra de esta subida de tasas para evitar un impacto tan significativo en los bolsillos de los ciudadanos.

Martín Melero ha expuesto para El Pespunte su desacuerdo y ha planteado alternativas basadas en un análisis técnico propio: “La Puebla de Cazalla se opone a esa subida porque entendemos que hay otras vías para conseguir el dinero y no tiene por qué salir de los ciudadanos”. “Entendemos que hace falta normalizar un poco el recibo, pero es una barbaridad cuando se demuestra con números que no hace falta esa subida tan grande, haciendo otro tipo de movimientos y de gestión en la Mancomunidad”, afirma el primer edil morisco”.

Martín también ha señalado la existencia de problemas en la gestión que incrementan los costes y afirma: “Con varios movimientos que tenemos estudiados desde La Puebla de Cazalla, la subida sería totalmente distinta”.

A pesar de su oposición a la actual propuesta, el alcalde de La Puebla de Cazalla ha reconocido que podría haber un ajuste en las tasas: “No es que no tenga que haber una subida porque entendemos que la puede haber después de 10 años, pero lo que no tiene sentido es que suba de esta manera tan desproporcionada”.

El alcalde de La Puebla de Cazalla también ha manifestado otros problemas relacionados con la gestión de los servicios. En sus declaraciones, ha asegurado: “Nosotros le pagamos a la empresa para que se haga el reciclado y lo que se recicle debería ser nuestro y no de la empresa como hasta ahora” propone Martín Melero. “Si esos beneficios suponen 1.300.000 euros, ¿por qué se los tiene que llevar la empresa?”, se pregunta el alcalde.

Además, ha puesto el foco en un conflicto interno con algunos trabajadores de Marchena que “no están trabajando por un conflicto con la Mancomunidad”, lo que genera un coste mensual de 30.000 euros para la institución. “Eso, multiplicado por 14 pagas, son 420.000 euros al año. Si sumamos eso a los 1.300.000 euros que mencionaba anteriormente, los números empiezan a cuadrar para una subida mucho más razonable”, añadió el primer edil.

Asimismo, el alcalde ha expresado su malestar por la situación y añadió: “Les pedimos un esfuerzo a los ciudadanos y ahora resulta que todos los beneficios de ese reciclado se lo lleva la empresa que se encarga de estas labores en la planta de la Mancomunidad. No me parece ético. Le pedimos esfuerzos y concienciación a los ciudadanos para el reciclado, pero no para que se lo lleve otros”. 

Ha criticado también que la empresa esté obteniendo estos beneficios, a pesar de que los servicios de reciclaje se realizan en instalaciones de la Mancomunidad, “con trabajadores contratados por los municipios y con maquinaria propia”. “Yo estoy pagando un servicio y si conseguimos un millón de kilos de plástico, ¿por qué se va a tener que llevar la empresa una cuantía por ese plástico? Y el convenio de Ecoembes y el del cartón también se lo lleva la empresa. No tiene sentido”, lamentó.

En relación con este tema, Martín Melero ha subrayado la postura del municipio, recalcando que están convencidos de que “esto tiene que volver a una gestión pública en su totalidad”. Tenemos las instalaciones, tenemos la maquinaria y tenemos los trabajadores. ¿Por qué tenemos que tener una empresa en medio? Lo tenemos todo para poner en marcha una gestión 100% pública”.

El alcalde de La Puebla de Cazalla pide una actitud conciliadora con el resto de Ayuntamientos de la Mancomunidad. “Nos sentemos en una mesa y veamos entre todos de dónde podemos conseguir más dinero y evitar esa subida a los ciudadanos”. 

La Puebla de Cazalla, junto con Marchena, han sido dos municipios que votaron en contra de esta medida. Antonio Martín ha indicado que están dispuestos a llegar a instancias superiores para frenar esta propuesta y promover una gestión más eficiente: “Vamos a actuar con toda la contundencia que podamos y llegar al máximo órgano que nos permita la ley. No entendemos por qué tiene que salir todo del bolsillo de los ciudadanos cuando hay otras formas de cubrir ese déficit”.

La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados introduce mayores exigencias en materia de reciclaje y gestión de residuos, que implican costes adicionales para las entidades gestoras. Entre otros aspectos, la normativa obliga a garantizar que el sistema sea autosostenible económicamente, lo que refuerza la justificación técnica de la subida.

Además, la Mancomunidad destaca que parte de los nuevos costes se deben a la implementación de sistemas más eficientes y sostenibles, así como al mantenimiento de infraestructuras y maquinaria necesarias para cumplir con las metas ambientales impuestas por la Unión Europea.

La subida aún no ha sido aprobada de manera definitiva, y en las próximas reuniones de la Mancomunidad se discutirán las posibles modificaciones a la propuesta inicial si existieran alegaciones. Mientras tanto, el debate continúa abierto, con las posturas de los municipios y los informes técnicos sobre la mesa.

Asescon pide a las Administraciones valorar bien las medidas: “para no perjudicar más fiscalmente a los ciudadanos”

La Asociación Española de Consumidores se ha posicionado claramente sobre este asunto en el que se vinculan a la Unión Europea las subidas de tasas de basura afirmando que “la Comisión Europea ha señalado que la normativa europea no obliga a repercutir este coste en los ciudadanos de manera directa, ni a aplicar el nuevo impuesto, a pesar de lo defendido tanto por Gobierno de España y por los Ayuntamientos”. “De media se paga por este incremento unos 180 euros al año” aseguran desde Asescon y detallan “hasta ahora, los ciudadanos pagaban un 60% del precio, no el 100% como ocurrirá con la nueva ley”.

La Asociación Española de Consumidores ha explicado también que “la Comisión Europea ha señalado que son los Estados miembros quienes pueden elegir los instrumentos concretos para aplicar la Directiva (UE) 2018/851 sobre residuos, con el fin de cubrir los costes de su gestión”

Desde Asescon alertan: “hay que tener en cuenta que el Gobierno de España está en la línea de cobrarlo con una subida de la tasa, pero también los Ayuntamientos están aplicando esta subida sin que se oigan voces discrepantes y sin que se puedan contemplar esas situaciones alternativas que en Europa se contemplan”. Esta organización de consumidores ha pedido públicamente “una valoración por parte de las Administraciones para no perjudicar más fiscalmente a los ciudadanos”.

La Unión Europea en su Directiva (UE) 2018/851 aporta hasta 15 ideas de instrumentos económicos y de otra índole para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos que busca fomentar la gestión sostenible de residuos y avanzar hacia una economía circular. Entre estas iniciativas destacan las tasas y restricciones aplicables al depósito en vertederos y la incineración, con el objetivo de priorizar el reciclaje y la prevención de residuos. Asimismo, se propone la implementación de sistemas de pago por generación de residuos, conocidos como pay-as-you-throw, que incentivan la separación en origen y penalizan la producción de residuos mezclados. También se proponen incentivos fiscales para la donación de productos, especialmente alimentos, y la creación de sistemas de depósito y devolución para materiales usados, promoviendo una recogida más eficiente.

Otras acciones clave incluyen el fortalecimiento de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor, la planificación adecuada de inversiones en infraestructura mediante fondos de la Unión y la contratación pública sostenible para favorecer el uso de materiales reciclados. Además, se busca la eliminación progresiva de subvenciones contrarias a la jerarquía de residuos y el uso de medidas fiscales para incentivar la reutilización y el reciclaje. Entre las iniciativas destacan también el apoyo a la investigación en tecnologías avanzadas, la coordinación digital de autoridades competentes, la promoción de acuerdos voluntarios entre empresas, y campañas educativas para concienciar sobre la reducción de residuos y la recogida separada.

El Pespunte

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