Trabajadores del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla denuncian represalias del gerente en una tensa Junta General
- Hasta cuatro empleadas han acusado al gerente de represalias por cambios en sus condiciones de trabajo
- El presidente negó el acoso y ha vinculado las demandas a conflictos por derechos laborales
- La última Junta General evidencia la fractura interna en el Colegio de Farmacéuticos

La Junta General del Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla se convirtió en un escenario de tensión y controversia, marcada por acusaciones graves y debates sobre la gestión interna de la institución. La reunión, celebrada en el salón de actos del Colegio, estuvo dominada por un clima de confrontación tras la denuncia de cuatro trabajadoras del Colegio, quienes presentaron demandas por modificación sustancial de sus condiciones laborales. Estas demandas, según explicó una de las propias trabajadoras, no están relacionadas con acoso laboral, sino con cambios en sus condiciones de trabajo que consideran una represalia por parte del gerente, Pablo Martín Pelegrín.

Durante el turno de ruegos y preguntas, una colegiada cuestionó directamente al presidente del Colegio, Jaime Román, sobre la existencia de estas demandas y su posible impacto económico y reputacional. Román calificó las acusaciones como «muy graves» y advirtió sobre la necesidad de ser cautelosos al hablar de ellas. Negó rotundamente que existiera acoso laboral y afirmó que las demandas responden a conflictos laborales derivados de intentos de modificar derechos adquiridos por algunas trabajadoras, que, según él, la mayoría del personal apoya y ha votado a favor en la reestructuración.
El gerente, Pablo Martín Pelegrín, también tomó la palabra para desmentir las acusaciones de acoso, asegurando que las demandas presentadas son por cuestiones laborales y que le sorprenden las alusiones, ya que apenas ha tenido contacto con las trabajadoras demandantes. Sin embargo, una de las trabajadoras presentes en la Junta confirmó la existencia de las demandas y explicó que, antes de acudir a los tribunales, intentaron resolver la situación directamente con el presidente, sin éxito. Igualmente, rogó al propio Román que le diera registro de entrada a su demanda para que todos los colegiados pudieran acceder a ella para conocer los hechos.
Además de este asunto, la Junta estuvo marcada por cuestionamientos sobre la ausencia de transparencia en la gestión económica del Colegio. Varios colegiados expresaron su preocupación por la falta de información clara en las cuentas presentadas, lo que dificultó la decisión de votar a favor o en contra de su aprobación. También se criticó el aumento de gastos y la supuesta pérdida de servicios desde la llegada de la actual Junta de Gobierno en 2023.
