Se levanta el secreto de sumario sobre el Caso Dasy

Parejo y Cañero Intermedio fijo

JAS.-El Juzgado de Osuna acaba de levantar el secreto de sumario del Caso Dasy, y esta semana comenzarán a prestar declaración judicial los diecisiete imputados, trabajadores y el dueño de la planta, el empresario catalán José María Gimeno, después de que en días previos hubieran comparecido ante la Guardia Civil.

El próximo lunes la mayor parte de los interrogantes que afectan al caso quedarán desvelados cuando las partes implicadas conozcan cuáles son los presuntos delitos que se le imputan a los propietarios de la fábrica. Según la gravedad de los hechos, el caso podría pasar a la Audiencia Provincial de Sevilla o permanecer en el Juzgado de Osuna. Para mayor intriga la mayoría de medios de comunicación ha mantenido silencio sobre un caso que tiene todos los ingredientes para convertirse en un nuevo escándalo que puede salpicar a la administración andaluza.

Comienza la instrucción judicial del caso con miles de folios que forman parte del sumario del “Caso Dasy” que en las próximas horas serán analizados con lupa por las partes implicadas, en busca de las razones para la imputación y de presuntos delitos. Los juzgados enviarán la documentación a las partes implicadas y personadas en las próximas horas.

Pero ¿qué es el Caso Dasy, y porqué la mayoría de los periódicos no informa sobre él? Numerosos colectivos están afectados por este sumario. Por un lado los consumidores andaluces.

Rubén Sánchez de Facua, ha pedido a la Junta de Andalucía que aclare si se ha puesto en riesgo la salud de los consumidores con el uso de restos animales enfermos en la elaboración de harinas cárnicas utilizadas en piensos para animales de compañía  de consumo humano (pollos, vacas y cerdos).

La responsabilidad del tratamiento de los subproductos de origen animal no destinados al consumo humano recae sobre la Dirección General de Producciones Agrarias dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, institución a la que FACUA ha solicitado una reunión para conocer cómo afecta la situación a los consumidores andaluces. 

Por otra parte Ecologistas en Acción que llevan años denunciado presuntos vertidos ilegales de la empresa, quieren saber si ha habido daños en el Medio Ambiente. Los trabajadores de la fábrica, sujeta e un ERTE, desean conocer qué pasará con sus puestos de trabajo. Ecologistas en Acción y el sindicato Manos Limpias se han personado en el caso por lo que conocerán directamente el sumario

La propia Junta de Andalucía necesita tener certezas sobre si la presunta actividad ilegal de la empresa afectó a la administración pública. La Junta de Andalucía dejó en suspenso la decisión sobre la continuidad del inspector de sanidad animal en Sevilla .

La Junta de Andalucía cedió durante años concesiones por valor de varios millones de euros a un empresario que ya había sido condenado en Cataluña años antes por delito ambiental y le otorgó todas las autorizaciones de calidad ambiental, además de subvenciones, la última por valor de más de 600.000 euros en 2013. Manuel Sánchez Jurado, fue el responsable de la Consejería de Agricultura de autorizar la fábrica, y luego se convirtió en director general de PPG, grupo propietario de Dasy. El cargo de Luis Vázquez Muñoz, jefe de Sanidad Animal de la Junta en Sevilla, está en el aire, ya que la Consejería de Agricultura ha dejado en suspenso una decisión sobre su posible cese hasta que se abriese el secreto de sumario y así tener más datos.

Hasta ahora la Junta de Andalucía se había escudado en el secreto de sumario para no realizar declaraciones sobre el asunto. El secreto de sumario se ha levantado un mes después de  la operación del Seprona, que buscaba en la fábrica de Osuna y Ribera de Ondara, Lérida, pruebas sobre mezclas ilegales de componentes de piensos, entre otras materiales de C1, animales muertos por enfermedades prohibidos por ley.

80 trabajadores de Osuna afectados, necesitan conocer cual es el futuro de la empresa. Esta semana Dasy ha anunciado la paralización de sus plantas hasta enero, por efecto de un Erte, expediente de regulación temporal de empleo, que afecta a 350 trabajadores en Andalucía y Cataluña, 80 de ellos en la planta de Dasy de Osuna. El Grupo PGG, propiedad del empresario catalán José María Gimeno, tiene fábricas en Osuna, Lérida y varios países de Suramérica.

También el Ayuntamiento de Osuna desea conocer todos los detalles sobre el caso, ya que con la intención de crear y mantener puestos de trabajo ha estado colaborando con la empresa durante todo el tiempo en que ha estado funcionando y hasta ahora mantiene un discreto silencio.

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