La hipocresía de un gobierno «progresista»

En la danza retorcida de la política contemporánea, donde los discursos progresistas suelen sonar como melodías encantadoras, nos encontramos con un gobierno que se autodenomina defensor de los derechos sociales, pero cuya realidad descarada despierta más preguntas que respuestas. Esta semana la proposición de ley ELA ha sido rechazada por el ejecutivo por “excesivamente cara”. 

La excusa de la falta de fondos, proclamada como una verdad irrefutable por el gobierno en cuestión, no hace más que poner al descubierto la hipocresía que se esconde detrás de los discursos grandilocuentes. Se escudan tras los 38 millones de euros que, según ellos, serían necesarios para financiar la ley. ¿Pero acaso no es más que un velo tras el cual se esconden decisiones cuestionables y prioridades torcidas? 

En un alarde de desfachatez, el mismo gobierno que titubea ante la idea de destinar fondos a la ELA no duda en lanzar 200 millones de euros al bono cultural joven. ¿En serio? ¿Es este el ejemplo de progresismo y defensa de los derechos sociales que prometieron? Un bono cultural es, sin duda, una idea loable, pero ¿a qué coste? ¿A costa de la dignidad de aquellos que sufren día a día la ELA? 

Este gobierno progresista parece olvidar que los derechos sociales no son una moneda de cambio, que no se pueden negociar a conveniencia. ¿De qué sirve proclamarse defensores de los derechos sociales si se elige qué derechos merecen atención y cuáles no? La coherencia se desvanece cuando las palabras chocan con las acciones, y lo que queda es un panorama desolador para aquellos que esperaban un verdadero compromiso con la justicia social. 

Además, es difícil no sentir un escalofrío al pensar que un gobierno, en nombre del progresismo, se apresura a respaldar la eutanasia, el derecho a una muerte digna, pero da la espalda a la posibilidad de proporcionar medios para garantizar una vida digna. Este gobierno parece olvidar que la verdadera progresión social implica abordar las necesidades más apremiantes de la sociedad, en lugar de seleccionar a qué derechos se les concede prioridad. La coherencia debería ser la piedra angular de cualquier política progresista, pero aquí estamos, presenciando una cruel paradoja que sugiere que, en la balanza del gobierno, la muerte parece ser una opción más aceptable que la inversión en la vida y el bienestar de sus ciudadanos.  

La negativa a aprobar la Ley ELA es solo un ejemplo más de la falta de congruencia de un gobierno que se autodenomina progresista. Mientras los enfermos de ELA y sus familiares ven sus esperanzas aplastadas bajo el peso de la burocracia y la indiferencia, el gobierno despilfarra millones en iniciativas que, aunque nobles, no deberían eclipsar la urgencia de abordar problemas más apremiantes. La ELA no espera, y la falta de acción solo perpetúa el sufrimiento de quienes más necesitan la ayuda de un gobierno que parece haber olvidado el significado de la verdadera progresión. 

© 2023 COPYRIGHT EL PESPUNTE. ISSN: 2174-6931
El Pespunte Media S.L. - B56740004
Avda. de la Constitución, 15, 1ª planta, Of. 1
41640 Osuna (Sevilla)