La Asamblea del Pueblo Gitano ve insuficiente la declaración del Gobierno sobre el ‘Año del Pueblo Gitano’


El pasado domingo 12 de enero, se cumplieron 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica. Con motivo de ello, el Consejo de Ministros aprobó el 7 de enero una declaración institucional para reconocer y celebrar este año 2025, como Año del Pueblo Gitano.
Esta declaración fue presentada por Pablo Bustinduy en representación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, siendo suscrita por otros ministerios como el de Trabajo y Economía Social; Política Territorial y Memoria Democrática; Inclusión; Seguridad Social y Migraciones; Igualdad y Juventud e Infancia.
Con esta declaración, el Gobierno tiene como objetivo “asegurar un futuro más equitativo y justo para el pueblo gitano”. En la misma, Bustinduy puso en valor la importancia de la Comisión de Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano que el Gobierno de España puso en marcha en 2024 y que elaborará un informe que aporte medidas para aplicar a la comunidad gitana “los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.
Asociaciones del pueblo gitano, quieren que este aniversario y la celebración del 2025 como Año del Pueblo Gitano en España, sirvan para avanzar en el reconocimiento de su cultura y su historia y al mismo tiempo que suponga un avance real en las desigualdades.
La Plataforma por la Asamblea Democrática Estatal del Pueblo Gitano, en un comunicado emitido señala la necesidad de ir más allá de una declaración institucional. Reclaman un reconocimiento pleno como así solicitó por escrito el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Solicitan “el reconocimiento pleno y político del pueblo gitano” y la “creación de un estatuto cultural con un marco competencial suficiente para salvaguardar la cultura y los valores del pueblo gitano”.
En este contexto, la Plataforma ha añadido que, “como es lógico en estas cuestiones, el ministro debería haber respetado la petición de su consejo asesor”. Este Consejo, es el órgano colegiado interministerial, consultivo y asesor, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que tiene como labor institucionalizar la colaboración y cooperación de todo el movimiento asociativo del pueblo gitano con la Administración del Estado.
Dicho Consejo es el encargado de proponer medidas y políticas para la promoción del pueblo gitano. Es por ello que, sus recomendaciones y en concreto, la solicitud que hizo por escrito, debería haberse tenido en cuenta, “pero como siempre, se queda en eso: una simple declaración”.
Creen que no es suficiente remitir este asunto “al futuro debate de la Comisión de la Memoria Histórica del Pueblo Gitano”. Necesitan que esta celebración, además de una conmemoración sea también una oportunidad de compromiso en el avance de sus derechos y reconocimiento de su identidad.