Investigados varios cargos públicos y empresarios por presuntas irregularidades en el tanatorio de Mairena del Alcor


El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Carmona ha emitido un auto al que ha tenido acceso El Pespunte en el que se atribuye la condición de investigados a seis personas, entre ellas, actuales y antiguos responsables políticos de Mairena del Alcor y empresarios vinculados a la construcción y gestión de un tanatorio en la localidad.
Según el auto, firmado por el magistrado Francisco José de Córdoba Urbano, la investigación se inició tras la denuncia presentada en abril de 2024 por Pedro Madroñal Navarro, concejal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Mairena del Alcor. En ella, se señalaban posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con la construcción y licencias del tanatorio.
Las diligencias policiales, realizadas por la Guardia Civil, concluyeron en un informe presentado el 24 de enero de 2025 y ahora a partir de este documento, el juez considera que existen indicios de delitos “siempre con la provisionalidad del momento procesal en el que nos encontramos” de los siguientes cargos públicos y empresarios que pasan desde hoy a tener la condición de investigados:
- Ricardo Sánchez Antúnez, exalcalde de Mairena del Alcor y actual delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla a quien se le investigará por un presunto delito de administración desleal.
- Juan Manuel López Domínguez, actual alcalde de Mairena del Alcor y presidente de la Agencia Pública Administrativa Local de Servicios Urbanos por presuntos delitos de prevaricación administrativa y de tráfico de influencias.
- Francisco Jesús R. R., empresario vinculado a la promotora del tanatorio y consejero de RTVA, por un presunto delito de prevaricación administrativa, urbanística y de tráfico de influencias.
- Juan Alfonso F. C., administrador de la empresa constructora del tanatorio, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, urbanística y de tráfico de influencias.
- José N. G., vicepresidente de la Agencia Pública Administrativa Local de Servicios Urbanos por presuntos delitos de prevaricación urbanística y de tráfico de influencias.
- José Antonio G. G., jurista vinculado a la tramitación de licencias en la administración local y en calidad de cooperador necesario.
En cuanto a las diligencias de la Guardia Civil, el juez indica que se trata de “unas diligencias periciales impecablemente realizadas tras varios meses de arduo trabajo” y, por lo tanto, “no deben ser ignoradas”.
El auto destaca que, a pesar de la falta de licencias y autorizaciones para ciertas obras en el tanatorio, estas fueron ejecutadas sin que se adoptaran medidas por parte de la administración. Además, se señala que los expedientes fueron tramitados con una diligencia administrativa inusualmente rápida, lo que ha motivado la investigación sobre posibles irregularidades.
El juez ha citado a los investigados para que comparezcan en sede judicial entre los días 3 y 18 de marzo de 2025, asistidos por sus abogados. También se les ha requerido para que designen representación legal en un plazo de tres días.
Las partes pueden presentar recursos contra la resolución judicial en un plazo de tres días para la reforma y cinco días para la apelación.

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