Entrevista a Óscar Fernández León, decano del Colegio de Abogados de Sevilla


Óscar Fernández León, es el actual decano del Colegio de Abogados de Sevilla. Con una destacada trayectoria profesional que se remonta a 1987, Óscar es el socio director de León Olarte Abogados. Reconocido experto en marketing jurídico y autor prolífico, ha compartido su conocimiento en más de 12 obras dedicadas a las habilidades profesionales del abogado. El 12 de enero de 2023 asumió el cargo de decano de los abogados de Sevilla y, tras casi año y medio en el cargo, El Pespunte ha querido hablar con él para que nos acerque la actualidad del Colegio, así como la situación actual de la profesión.
El turno de oficio es un servicio imprescindible, pero no siempre bien valorado por la Administración. ¿Qué decisiones se deben adoptar para mejorarlo?
Efectivamente, así es. La abogacía de oficio la constituyen profesionales que en cumplimiento del derecho fundamental proclamado en el artículo 119 de la Constitución, garantizan la asistencia jurídica y defensa de aquellos ciudadanos que carecen de recursos para litigar, lo que se lleva a cabo a través del denominado Turno de Oficio. Este sistema funciona gracias a los desvelos, esfuerzo y trabajo desarrollado por los abogados y abogadas de oficio, quienes se encuentran al pie del cañón 365 días al año, 7 días a la semana y 24 horas al día, dispuestos a desplegar su generosidad y solidaridad con las personas que carecen de recursos económicos para costearse un abogado. El sistema funciona también por la profesionalidad de los abogados del turno de oficio, que pese a que tienen su propio despacho privado, tratan al cliente de oficio con el mismo esmero y profesionalidad, no como mera caridad.
Pero desgraciadamente, la abogacía de oficio no disfruta del reconocimiento y preeminencia que lleva mereciendo desde hace décadas. En ocasiones, la propia Administración que debía velar por un servicio de tanta trascendencia, ha sido la primera en concederle un apoyo tibio, superfluo e inmerecido, que nos ha llevado a hablar en términos de la necesaria dignificación del Turno de Oficio por las difíciles condiciones – muy especialmente económicas – en las que la abogacía presta dichos servicios.
Es por ello por lo que la Administración debe centrarse en el mismo y dignificarlo a través de un reconocimiento de su valor para la sociedad, facilitando al máximo la prestación de este servicio, dotándolo de medios y recursos apropiados, y favoreciendo la gestión del mismo, que actualmente pesa sobre los propios abogados. Entre dichas medidas destaca una: el establecimiento de una remuneración digna.
La remuneración del Turno de oficio ha sido siempre una queja de los abogados, ¿la comparte?
Absolutamente. Los niveles retributivos del Turno de Oficio son muy inferiores a la media de los honorarios que se establecen en el libre mercado, y es imprescindible que estos se incrementen para garantizar la dignificación a la que antes nos referíamos.
Igualmente, deben ser retribuidas todas las actuaciones en las que interviene el abogado, pues actualmente quedan materias excluidas de retribución.
Por tanto, enlazando con la pregunta anterior, la mejor muestra de la valoración por la administración es la elevación de la retribución para acercarla a precio de mercado, pagar actuaciones que ahora se hacen gratis, y pagar con prontitud y en el momento de realización del trabajo, no trabajar por adelantado y evitar tener que esperar a veces largos periodos para cobrarlo.
El inicio de la legislatura, con los pactos del actual gobierno, provocó malestar en casi todos los estamentos jurídicos. ¿Se está debilitando la independencia de la Justicia?
Como decano de un Colegio de Abogado debo mantener la máxima neutralidad en esta cuestión, máxime teniendo en cuenta las diversas sensibilidades de los integrantes del colectivo que represento. Lo que sí puedo afirmarle es nuestro firme apoyo, como no podía ser de otra manera, al Estado de Derecho y a los principios que lo sostienen.
Uno de los grandes problemas de la justicia, es su lentitud. ¿Cómo se puede disminuir ese retraso de la Justicia que perjudica a ciudadanos y profesionales?
Las secuelas y deficiencias estructurales, organizativas, y de recursos que, junto a unos niveles de litigiosidad sin precedentes, e intensificadas por la pandemia y las huelgas del 2023, conducen a una situación de la Justicia poco ágil y eficaz, lo que conlleva numerosos problemas que repercuten tanto en el justiciable como en los abogados.
La solución pasa por incrementar los recursos materiales, tecnológicos y humanos sobre la base de un gran Pacto por la Justicia en el que participen todos los estamentos sociales, si bien para ello será fundamental el compromiso de los distintos partidos políticos.
Los servicios de Mediación de la Corte de Arbitraje, ese proyecto conjunto con la Cámara de Comercio, que usted mismo preside, ¿es una alternativa a la jurisdicción ordinaria?
Sin duda, estamos viviendo una etapa de gran relevancia para el futuro de los medios de resolución de conflictos, y en este campo, el arbitraje y la mediación (ambas objeto de la Corte de Arbitraje) están siendo y van a ser esenciales, máxime cuando la Justicia siga en los parámetros que hemos comentado.
Igualmente, esperamos que la Ley de eficiencia procesal favorezca este escenario, dado que esta norma contempla una serie de medidas que tienen el objetivo de agilizar el funcionamiento de los órganos judiciales, reducir plazos de resolución y facilitar el acceso a otros medios de resolución de conflictos.
¿Qué valoración hace sobre el estado de las sedes judiciales, especialmente de los pueblos?
Lamentablemente es una valoración negativa, puesto que, salvo excepciones, nos encontramos con sedes obsoletas, provisionales y carentes de medios y recursos; en definitiva, los partidos judiciales disponen de sedes de segunda categoría. En tal sentido, nuestra Junta de Gobierno está en contacto permanente con la Consejería de Justicia instando mejoras y cambios en dichas sedes, pues hay una casuística muy variada de problemas.
Esperamos que el Plan de Infraestructuras judiciales de Andalucía 2023-2030 dirigido a obtener tener una justicia más moderna y digna mejore radicalmente el actual panorama.
¿Cómo va transcurriendo la primera fase del traslado de la Ciudad de la Justicia? ¿Qué percepción tienen los abogados del mismo?
Actualmente la ubicación de las sedes judiciales se encuentra en un periodo de transición mientras se produce el traslado progresivo de los Juzgados y Tribunales de Sevilla a la Ciudad de la Justicia -Campus Palmas Altas-, que culminará en 2028. Por lo tanto, hasta esa fecha no se podrá hablar de sede judicial unificada y traslado del resto de unidades judiciales operativas en otras zonas de la ciudad.
Dado que hasta la fecha solo se han trasladado juzgados de lo contencioso-administrativo y mercantil, todavía no hay una percepción muy clara por parte de los abogados, puesto que la gran mayoría no ha pisado todavía Palmas Altas. Ahora bien, espero que, una vez vaya avanzando el proyecto, los compañeros y compañeras puedan disfrutar de un servicio de Justicia unificado y, por tanto, más eficaz.
Se ha encontrado con el gran problema de la situación de los colegiados mutualistas, ¿qué solución tiene?
Es una materia de una complejidad enorme, y con muchas aristas de diversa naturaleza. La solución tiene que darla el Gobierno de la Nación a través del Ministerio correspondiente; de hecho, ya se están haciendo por éste propuestas que, hay que decirlo, en nada favorecen las reivindicaciones principales realizadas por el colectivo. Esperemos que se reconsideren las actuales posiciones y puedan lograrse los objetivos de alcanzar unas pensiones dignas para los mutualistas alternativos.
La formación siempre ha sido una preocupación suya. Fue responsable de la formación del Colegio en su etapa anterior y ahora preside la Comisión de Formación en el Consejo General de la Abogacía española. ¿Cómo debe ser la formación de los futuros abogados?
La formación continua y especializada es fundamental para el desarrollo profesional de los abogados. O te formas, o dejas de ser abogado. No obstante, los tiempos van cambiando y las necesidades formativas van alterándose. Actualmente, entiendo que el derecho sustantivo y procesal en todas las materias sigue siendo esencial para dotar al profesional de las competencias necesarias, pero es esencial dotarlo también de las necesarias habilidades transversales que le van a facilitar el desenvolvimiento de su actividad, y aquí es esencial la comunicación oratoria, tecnología, inteligencia emocional, salud mental, innovación, trabajo en equipo, resiliencia, negociación, estrategia, liderazgo y otras habilidades que le permitan gestionar su vida diaria con más eficacia y eficiencia.
El Colegio de Sevilla ha puesto en marcha el Curso Profesional de Acceso a la Abogacía y Procura, ¿Cómo está funcionando esta primera edición? ¿Qué previsiones hay para el futuro?
Pues la verdad es que estamos muy satisfechos no solo por haber conseguido diseñarlo como Título Propio de la Escuela de Práctica del Colegio, sino por el formato de 9 meses de práctica y docencia pionero en toda España.
El primer año hemos comenzado con 27 alumnos (lo cual es una cifra muy elevada para comenzar) y el nivel y ambiente que estamos percibiendo es muy alto y positivo. Pero, en todo caso seamos cautos y esperemos al resultado del examen previsto para junio. Permítame que agradezca desde aquí al Gerente del Curso, Carlos Rodríguez, por la magnífica labor que está realizando.
Respecto al segundo año esperamos alcanzar la cifra de 35-40 inscritos; de hecho, ya contamos con muchas preinscripciones, lo cual nos hace presumir que vamos a lograr el objetivo.
¿Qué objetivos se ha marcado para este segundo año de mandato?
Seguiremos con el proceso de modernización y profesionalización del Colegio, que es nuestro objetivo principal, reorganizando el mismo en todas sus áreas, para que pueda dar un servicio más eficaz al colectivo. Esta es una labor a veces ingrata y escasamente visible, pero que en breve va a tener efectos muy positivos para aquél. Paralelamente, seguiremos cumpliendo puntualmente todas y cada una de las propuestas que incluimos en nuestro programa electoral.
