Entre víctimas y política: El caso Otegui

En la historia reciente de España, las cicatrices de las atrocidades del terrorismo etarra aún laten en la memoria colectiva. Manuel Albizu, taxista. María del Coro Villamudria, hija de un agente de la Policía Nacional. Ana Cristina Porras López, una niña de tan solo 10 años e hija de un Guardia Civil. José María Martín Carpena, concejal del Partido Popular. Fernando Buesa Blanco, secretario general del Partido Socialista de Euskadi. Manuel Broseta, profesor, político y jurista. Seis personas asesinadas por ETA. Seis nombres dentro de las 850 víctimas que este grupo terrorista dejó a su paso durante los 42 años de terror despiadado. Es importante recordar que, detrás de cada víctima, hay una familia y unos amigos que también fueron, de una manera u otra, víctimas de la barbarie de ETA.  

El 17 de enero, el Tribunal Constitucional volvió a amparar a Otegui, rechazando la decisión del Tribunal Supremo de repetir el juicio contra el líder de EH Bildu por la intención de reorganizar Batasuna en el año 2008. Aunque fuese juzgado y condenado en 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la condena alegando que no se celebró un juicio justo. Esta vez, el Tribunal Constitucional dio la razón a Arnaldo Otegui basándose en el principio “non bis in idem” que defiende que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.

Mi rechazo no se dirige a la sentencia del TC, ni pretendo cuestionar el principio “non bis in idem”, lo que planteo es la incompatibilidad moral que surge al ver a Arnaldo Otegui – condenado por terrorismo – liderando un partido político que además es socio del actual gobierno. No se trata de poner en duda la justicia española o europea, sino de reflexionar sobre la ética y la responsabilidad que debería conllevar liderar una formación política y, por ende, un país. 

Mas allá de las decisiones legales, está la realidad de más de 850 vidas truncadas por ETA. Los nietos de Manuel Broseta nunca pudieron conocer a su abuelo, pero sin embargo tiene que vivir con el peso de saber que fue asesinado. Ana Cristina Porras, podía haber vivido lo que cualquier adolescente, su primer beso, su primera fiesta, un viaje con amigos, pero, sin embargo, todo se quedó en un sueño el 29 de mayo de 1991 cuándo explotó un coche-bomba en una casa cuartel. Fernando Buesa, podría haber visto a sus hijas crecer, pero nunca las pudo ver graduarse.  

La presencia de Otegui en la política no solo genera dolor en las víctimas directas, sino que también hiere la sensibilidad de una sociedad que aún recuerda los años de plomo. Además, el hecho de que EH Bildu sea un partido socio del gobierno español añade un matiz bastante preocupante a la situación. La política debería ser un espacio de representación y servicio público, no un terreno donde aquellos vinculados con actos de terrorismo encuentren cabida. Al igual que una persona con antecedentes de delitos sexuales no podría trabajar como docente en un colegio, ¿Cómo es posible que alguien que formó parte de un grupo terrorista responsable de asesinatos y brutales secuestros pueda liderar un partido político? 

Este es el eco de las vidas perdidas y las familias que aún lloran. No podemos olvidar a esas 850 víctimas y familias que siguen clamando por justicia y memoria. La política, lejos de ser un espacio donde se desvanece la empatía, debe ser el terreno donde florezcan las lecciones aprendidas de nuestro pasado. La presencia de Arnaldo Otegui en la esfera política no solo despierta el recuerdo de aquellos días sombríos, sino que desafía nuestra capacidad de sanar como sociedad. En el tributo a las víctimas, en la búsqueda de una convivencia pacífica, en el respeto de la memoria, yace la verdadera esencia de construir un futuro donde el dolor sea transformado en lecciones de humanidad y reconciliación. Por Manuel, María Ana, José María, Fernando, Manuel y todas las víctimas de ETA. 

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