Enemigos
Resulta paradójico escuchar a un alto mando de la policía valenciana referirse como el enemigo a la ciudadanía que se manifestaba por las calles de Valencia, en un trasnochado lenguaje bélico más propio del diccionario castrense que de un jefe de policía.
Tales manifestaciones, al margen de inoportunas, pienso que pone de manifiesto algunas cuestiones que un sistema democrático no debe pasar por alto. En primer lugar nunca una democracia puede considerar a sus propios ciudadanos como enemigos por algo tan elemental como que la propia soberanía nacional reside en los ciudadanos. Lo contrario, es decir, lo que ha hecho el portavoz policial, no hace sino poner de manifiesto una visión social determinista basada en los nuestros y los contrarios, propio de regímenes totalitarios y de sociedades fraccionadas donde el concepto nación se circunscribe a los ciudadanos que comparten la ideología y el orden del régimen, excluyéndose al resto como enemigos de la patria y como elementos subversivos de la nación.
Este aspecto cobra aún más sentido si tenemos en consideración que las fuerzas actuantes en los conflictos de Valencia tienen el calificativo de “nacional”, aspecto éste que parece que por parte del representante policial ha sido olvidado para destacar únicamente el apartado de policía. Es esta la segunda cuestión a analizar, tal y como se han sucedido los acontecimientos y como se ha manifestado el representante de las fuerzas del orden. Parece, vista la violencia y el ensañamiento contra unos alumnos adolescentes que protestan por la falta de calefacción en su centro, que los agentes encargados de intervenir contra el corte de tráfico olvidan el calificativo de nacional, quedándose exclusivamente en el sustantivo de policía como si su cometido único y final fuese terminar con aquella manifestación de “enemigos” cuanto antes y como sea.
El resultado es de sobra conocido: exceso de violencia, detenciones indiscriminadas, insultos a los medios de comunicación, agresión a población civil de todas las edades y profesiones, contundencia contra jóvenes adolescentes… y cabe preguntarse con este modelo de actuación, si no estamos ante la configuración de un modelo policial que, lejos de proteger a la ciudadanía, pretende proteger una práctica política concreta frente a la manifestación espontánea, a la protesta ciudadana o a la crítica social.
No me cabe la menor duda que ese señor al que hemos visto golpeando la mesa con los nudillos de la mano a la vez que hablaba del enemigo, es una persona cuyo cargo le viene muy largo y no está a la altura de las circunstancias democráticas de la ciudad, ahora bien, también hemos escuchado a la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, casi en su estreno en el cargo, decir que se va a abrir una “comisión de investigación para analizar lo sucedido y depurar responsabilidades, en su caso”, después de haber escuchado a una pléyade de dirigentes del PP hablar de actuación correcta y proporcionada de la policía y haber cargado tintas contra manifestantes, políticos de oposición, periodistas…
A estas alturas, conocidas muchas más circunstancias que al comienzo de los conflictos, parece obvio que la policía no se excede de motu proprio sino que obedece órdenes para que los hechos ocurran de esa forma, y es aquí donde entran en juego las responsabilidades políticas de alguien que desde su cargo es capaz de convertir a la policía nacional en una policía violenta al servicio de una ideología con acciones desproporcionadas respecto a la protesta. Olvida la señora Sánchez de León que la policía se encuentra bajo su mando y sus órdenes y que la forma de resolución de este tipo de conflictos es competencia del departamento de la que ella es responsable. Olvida la señora Sánchez de León que está ella compareciendo ante los medios cuando se realizan las desafortunadas declaraciones. Olvida la señora Sánchez de León que su comparecencia y la de “su” Jefe de Policía de Valencia es precisamente para justificar lo desproporcionado de la actuación policial. Olvida la señora Sánchez de León que dentro de la integridad política de los gobernantes, cuando estos se equivocan de forma flagrante, está la dimisión del cargo antes que las inútiles comisiones de investigación.
