El PSOE de Écija denuncia la inacción del Ayuntamiento y Junta en el caso de las 91 viviendas VPO

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El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Écija, Sergio Gómez, ha recordado que el parlamentario andaluz Rafael Recio defendió hace unos meses en el Parlamento de Andalucía la postura de los socialistas ecijanos respecto a una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo parlamentario Por Andalucía. Según el PSOE, en aquella ocasión Recio presentó una enmienda «in voce» para instar al Consejo de Gobierno a retrotraer el procedimiento al momento en que se autorizó la transferencia de la titularidad de las viviendas a un fondo buitre, al considerar esta operación nula de pleno derecho conforme al artículo 32 del Reglamento de Vivienda Protegida de Andalucía (RVPA). De esta manera, explican los socialistas, el objetivo era reiniciar el procedimiento para que la administración autonómica ejerciera su derecho de tanteo y retracto y que estas viviendas siguieran formando parte del parque público de vivienda.

El PSOE sostiene que desde hace casi seis años las 91 familias residentes en las viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía de Écija han vivido una situación de incertidumbre. Según los socialistas, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Écija han sido señalados en reiteradas ocasiones por su falta de compromiso y acción ante un problema que afecta a unos inquilinos que, denuncian, se encuentran atrapados entre los intereses de un fondo buitre y la falta de respuesta de las autoridades locales y autonómicas.

Recio afirmó en el Parlamento de Andalucía que este asunto es «capital para la ciudad astigitana» y que el PSOE lleva años insistiendo en buscar una solución. Los socialistas acusan al Partido Popular de desentenderse del problema y de condenar a estas 91 familias a perder su vivienda, lo que consideran «una de las peores situaciones a las que se puede enfrentar cualquier ser humano».

Según el PSOE, en julio de 2020 el proceso judicial culminó con la venta de las viviendas a la empresa Desarrollos Urbanísticos Ría del Rompido S.L., un fondo buitre que las adquirió tras una subasta pública. Desde entonces, sostienen que la empresa ha dejado clara su intención de rentabilizar el inmueble con un enfoque exclusivamente comercial, mientras que los inquilinos, que dependen de contratos de alquiler social desde el año 2000, se enfrentan a una creciente incertidumbre.

Sergio Gómez ha criticado lo que considera «tremenda hipocresía» de la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia, al reunirse con los vecinos «para darles falsas esperanzas», ya que, según el PSOE, en 2019 la entonces Secretaria General de Vivienda, Alicia Martínez, afirmó que «aunque este es un tema generado a nivel municipal, la Junta velará por los inquilinos dentro del marco legal», algo que, denuncian, no se ha traducido en ninguna solución real seis años después.

Rafael Recio ha reiterado que, según el PSOE, el Partido Popular «nunca ha cumplido con su palabra» y ha recordado que la subasta pública de 2019 «se frustró por la insolvencia y la intención especulativa de la empresa adjudicataria», algo que, afirman, fue confirmado por el Administrador Concursal.

Los socialistas subrayan que el Parlamento de Andalucía aprobó en 2018 la Ley 1/2018 de 26 de abril de Tanteo y Retracto en Desahucios de Vivienda, una normativa impulsada por el anterior Gobierno socialista que permitía a la Junta ejercer el derecho de compra preferente de viviendas afectadas por desahucios para incorporarlas al parque de viviendas autonómico. Según el PSOE, esta ley permitió en julio de 2018 que la Junta adquiriera por 780.000 euros una promoción en Santiponce para evitar el desahucio de 58 familias en situación similar a la de Écija, mientras que «el actual gobierno de Juanma Moreno se niega a hacer lo propio».

Gómez ha señalado que «el anterior gobierno municipal socialista hizo todo lo que estuvo en su mano», incluyendo la solicitud a la Junta para ejercer el derecho de retracto sobre las viviendas y garajes afectados, petición que fue desestimada por la Delegación de Fomento de Sevilla. Ante esta negativa, explica el PSOE, el Ayuntamiento de Écija presentó un recurso de alzada en junio de 2021, al considerar que la decisión vulneraba el principio de lealtad institucional. Posteriormente, se aprobó una moción en el Ayuntamiento con el apoyo de todos los grupos municipales, incluido el Partido Popular, para volver a solicitar el ejercicio del derecho de tanteo y retracto.

El PSOE recuerda que el 23 de noviembre de 2022 la Junta de Andalucía reconoció que en el procedimiento de adjudicación de estas viviendas no se notificó en tiempo y forma a los inquilinos su posibilidad de tanteo, por lo que las adjudicaciones fueron declaradas nulas de pleno derecho. Ante esta situación, los socialistas exigen que el procedimiento se retrotraiga y que la Junta ejerza su derecho de tanteo y retracto para garantizar que las viviendas sigan siendo parte del parque público.

Por todo ello, Rafael Recio ha reiterado su apoyo a la PNL presentada por Por Andalucía y ha insistido en que el Partido Popular «está demasiado ocupado con sus conflictos internos y olvida que gobierna Andalucía», mientras 91 familias en Écija siguen esperando una solución definitiva.