Demandas, silencio institucional y un protocolo inexistente: lo que pasa en el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla
La tensión dentro del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla sigue creciendo tras la convulsa Junta General del pasado 24 de junio, marcada por la noticia de la demanda interpuesta por cuatro trabajadoras, que denuncian cambios sustanciales en sus condiciones de trabajo, lo que consideran una represalia por parte del gerente, Pablo Martín Pelegrín.
Este diario digital dio a conocer ayer la situación, lo que ha precipitado que el presidente haya remitido en el día de hoy una carta a todos los colegiados en defensa de la actuación de la Junta de Gobierno y defendiendo la transparencia de la institución.
Sobre el conflicto laboral, el presidente indica que la secretaria del colegio, Rosalía García, ya explicó en la Junta la situación que existía sobre este asunto, pero ahora envía esta carta porque considera “conveniente trasladar aquí la información objetiva de los hechos” tras lo que entiende una “filtración de parte de la información” a nuestro medio digital que califica de “sesgada e incompleta” y “muy irresponsable por parte del compañero que así haya actuado”.
El presidente explica en esta carta que las medidas en materia laboral que se realizaron se llevaron a cabo tras la recomendación de los auditores de abordar un plan de viabilidad económica “tras los desastrosos resultados económicos de 2023”.
Esa serie de cambios, indica en la carta a los colegiados, “culminaron con una negociación con el conjunto del personal del Colegio, se estableció una mesa negociadora donde se sentaron los representantes de los trabajadores, tres delegados de personal, los sindicatos y los representantes de la organización colegial” con el objetivo de hacer “homogéneas las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores”.
Afirma en esta carta que “los datos eran reveladores, pues existían diferencias de hasta más de 200 horas anuales de trabajo entre personas de diferentes departamentos, diferencias que no tenían ninguna justificación y que además de generar injustas comparaciones entre las personas, tenían como consecuencia desajustes en la atención a los colegiados y las farmacias”.
El escrito termina de nuevo con la petición de “ser prudentes en la difusión de la información” pues afirma que “este acuerdo fue votado y aprobado por la mayoría del personal y tiene todas las garantías jurídicas y el visto bueno del sindicato”.
En la misiva a los colegiados, el presidente confirma que existen dos demandas, más otras dos en camino, de cuatro trabajadoras, pero que “de forma inequívoca, no existe ninguna demanda por acoso” y explica que “lo que se ha presentado es una denuncia relacionada con una modificación de condiciones laborales por parte de cuatro trabajadoras, mientras que los 24 empleados restantes del Colegio han ratificado el acuerdo y continúan desarrollando su labor con responsabilidad y normalidad”. Así pues, el presidente desmiente que existan represalias por parte del gerente del Colegio, pues “todas las decisiones las toma la Junta de Gobierno”.
La carta añade que “más grave aún es que estas circunstancias estén siendo utilizadas de forma oportunista por algunos compañeros para alimentar un discurso de desgaste institucional, iniciando de manera irresponsable una campaña electoral encubierta de cara a 2027”.
Este diario ha querido aclarar algunas dudas existente con el propio Colegio, que ha rehusado responder indicando que “no harán declaraciones públicas mientras el proceso judicial esté abierto”. Alegan respeto a los cauces legales y aseguran que toda la información relevante ya ha sido comunicada a los colegiados a través de los canales internos, algo no obstante que no se ha producido hasta que El Pespunte ha hecho públicos los hechos.
“Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla hemos optado por no realizar declaraciones públicas mientras esté en curso, por respeto a los cauces legales y a todas las personas implicadas”, han trasladado oficialmente a este medio.
Ante esta negativa a dar explicaciones, quedan muchas cuestiones en el aire: ¿qué piensa hacer el Colegio frente a esas demandas?, ¿cuáles son los “privilegios laborales particulares” con los que el Colegio dice querer acabar con el acuerdo?, ¿qué medidas tomó el Colegio cuando las trabajadoras pidieron directamente al presidente que mediara por el trato vejatorio que aseguran les dispensaba el gerente?, ¿se ha abierto un expediente o investigación para escuchar a las partes?, ¿es cierto que últimamente se han producido varios despidos y que además se ha tenido que llegar a acuerdos con los trabajadores despedidos con elevadas indemnizaciones por ser despidos improcedentes?
Además de lo anterior, y según ha podido confirmar El Pespunte a través de fuentes cercanas al caso, el Colegio no tiene actualmente firmado un protocolo de acoso laboral. Las mismas fuentes indican que, tras la presentación de las demandas, la elaboración del protocolo podría haberse acelerado en los últimos días para cubrir ese vacío normativo. Una actuación que llega tarde y que podría comprometer la capacidad de prevención y respuesta institucional ante este tipo de situaciones.
El contexto: denuncias, tensiones y división interna
El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla atraviesa una crisis interna tras las denuncias de cuatro trabajadoras por modificaciones sustanciales en sus condiciones laborales, que consideran una represalia por parte del gerente. Aunque oficialmente se niega que exista acoso ni represalias, en las demandas judiciales presentadas se alude directamente al comportamiento del gerente, y desde El Pespunte hemos confirmado que se trataría de un conflicto laboral de mayor profundidad.
Durante la última Junta General, la situación se hizo pública. Una de las trabajadoras, presente en la misma, confirmó los hechos y puso su demanda a disposición de los colegiados que la quieran consultar. A esto se suma el malestar de varios colegiados por la opacidad en la gestión económica y el aumento de gastos bajo la actual Junta de Gobierno.
