Cuatro investigados en Sevilla por vender cannabis ilegal disfrazado de productos relajantes como CBD y HHC
Redactora de El Pespunte
La Guardia Civil ha desarrollado la denominada operación SUMIDA por parte de agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del Puerto de Sevilla, a raíz de las sospechas sobre la posible distribución a distintos puntos de la geografía nacional de sumidades floridas de cannabis con la apariencia de CBD.
Fruto de estos hechos se inicia una investigación, llevando a cabo diversas inspecciones y registros a establecimientos de venta de productos CBD en la provincia de Sevilla. Como resultado, se ha retirado del mercado un total de 11.135 gramos de sumidades floridas de cannabis, 961 gramos de resina de cannabis, así como diversos dispositivos de cigarrillos electrónicos, productos cosméticos y alimentos que contenían CBD y HHC, sustancias no autorizadas para la venta en España. El valor estimado del material intervenido supera los 30.000 euros.
¿Qué son el CBD y el HHC?
El CBD o cannabidiol es un compuesto extraído de la planta del cannabis que no tiene efectos psicoactivos, y que se comercializa por sus posibles beneficios terapéuticos, como la sensación de calma o relajación. Por su parte, el HHC o hexahidrocannabinol es una versión modificada del THC, el principal componente psicoactivo del cannabis, prohibido en España. Aunque el HHC no está clasificado legalmente como el THC, sus efectos son muy similares, incluyendo alteraciones en la percepción y euforia, además de posibles efectos secundarios graves.
Nueva normativa y consecuencias legales
Según una nueva orden ministerial del 14 de abril, el Ministerio de Sanidad regula y fiscaliza este tipo de sustancias, prohibiendo expresamente la venta de productos que contengan HHC. Esta normativa pretende frenar el aumento del consumo de derivados semisintéticos del cannabis, como las llamadas «golosinas de cannabis», con potencias de hasta 30 veces superiores a las del THC, lo que podría generar dependencia y efectos graves para la salud.
Ante estos hechos, la Guardia Civil ha procedido a la investigación de cuatro personas, que ya han sido puestas a disposición judicial. Se les imputa un delito contra la salud pública y diversas infracciones administrativas, conforme a las normativas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
