Bando municipal contra la proliferación de las obras ilegales en Marinaleda
Redactora de El Pespunte.
Periodista sevillana con más de 30 años de experiencia. Fundadora y CEO de AionSur durante 10 años. Especializada en reportajes agrícolas y sociales en la provincia de Sevilla.
El Ayuntamiento de Marinaleda ha publicado un bando en el que avisa de la obligatoriedad que tienen los vecinos de solicitar licencias y permisos de obras. En el mismo, advierten que tomarán las medidas necesarias para evitar las obras ilegales.
En el bando, firmado por el alcalde, Sergio Gómez, se le “recuerda” a todos los vecinos la necesidad de solicitar y obtener la preceptiva licencia para la ejecución de las obras. Y advierte el documento que el inicio de las obras, sin haber obtenido licencia, “comporta la comisión de una infracción administrativa e, incluso, en algunos casos, penal”.
Bando municipal: sanciones
A su vez avisan que si la obra se inicia sin licencia, “dará lugar a la incoación de expediente sancionador y restauración de la legalidad, con la imposición de sanciones y de las medidas que sean procedentes”
En la publicación que el Ayuntamiento de Marinaleda hace en las redes sociales, apuntan que “la explicación es sencilla y se basa en la ética de la igualdad de derechos y de la distribución de la riqueza para poder vivir una vida digna”.
Y aseguran también en el documento que pagar impuestos se traduce en tener más recursos para garantizar los servicios públicos municipales. “Significa tener garantizado el servicio de guardería por 12 euros/mes; la temporada de baño en la piscina por 10 euros; gimnasio municipal por 12 euros/mes; viviendas públicas a precios simbólicos, actividades culturales gratuitas”, entre otros servicios municipales.
Obras ilegales
En este mismo sentido, el alcalde avisa que evitar sacar los respectivos permisos de obras “va en contra de la comunidad en la que vivimos y del interés general de quienes la habitan”.
Por esta razón termina advirtiendo que desde el ayuntamiento “vamos a tomar todas las medidas necesarias para evitar la proliferación de obras ilegales”. Medidas que garantizarán “los intereses generales” del bienestar colectivo del pueblo.
