Andalucía celebra 25 años de éxito en la rehabilitación de menores infractores con un 80% de reinserción

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado el “éxito colectivo” del sistema de Justicia Juvenil gestionado por la Junta desde la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal Menor, el 12 de enero de 2000. Esta ley tiene un índice de reeducación del 80%. En la última década, más de 41.000 menores infractores han cumplido medidas de internamiento o medio abierto en centros y servicios andaluces. La mayoría de ellos “se ha reinsertado plenamente en la sociedad”.

Nieto ha inaugurado unas jornadas junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y el Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor, Jesús Maeztu. En ellas, juristas, investigadores y profesionales han analizado la evolución del sistema en estos 25 años y los retos futuros. Analizan los cambios en los perfiles de los jóvenes y los nuevos tipos delictivos, como los relacionados con las nuevas tecnologías y redes sociales.

El consejero recordó que, cuando se aprobó la Ley del Menor en enero de 2000, las comunidades asumieron las competencias para garantizar la ejecución de las medidas impuestas por los jueces. “Esto supuso un gran esfuerzo para la Junta de Andalucía, que pasó de un modelo punitivo a uno donde se priorizaba la reinserción sin eliminar la sanción. De un sistema carcelario a uno más humano”, ha añadido.

Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI)

En solo un año, se transformaron los antiguos reformatorios, que tenían una “imagen carcelaria”, en Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI). Estos centros cuentan con instalaciones más humanas y con profesionales que trabajan en la reinserción. Los cinco centros iniciales pasaron a ser 13 con 700 plazas. En 2025, se abrirá un nuevo CIMI en Málaga, con 50 plazas más. En estos centros, los menores reciben atención psicosocial, continúan sus estudios y realizan talleres de capacitación profesional para abrirles oportunidades de futuro.

Entre 2014 y 2023, más de 7.300 menores cumplieron medidas privativas de libertad en los CIMI andaluces, en régimen cerrado, abierto, semiabierto o terapéutico. Se crearon plazas específicas para atender adicciones y problemas de salud mental.

La mayoría de los jueces imponen medidas de medio abierto, como libertad vigilada, permanencia en casa o estancia en Grupos Educativos de Convivencia. Casi 34.000 menores han cumplido este tipo de medidas en la última década. Cabe destacar que la Junta tiene 17 Grupos Educativos de Convivencia, ocho Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA) y convenios con más de 220 ayuntamientos y entidades sociales para que los jóvenes realicen tareas en beneficio de la comunidad o labores de voluntariado en ONG.

Nieto ha destacado que “el sistema de Justicia Juvenil andaluz es un referente a nivel nacional y europeo”, ya que en estos recursos los menores infractores cumplen las medidas, pero “aprenden herramientas y recursos para no volver a caer en situaciones de conflicto” y el 80% no reincide.

Observatorio Andaluz de Justicia Juvenil

Asimismo, ha defendido la necesidad de seguir mejorando y coordinando esfuerzos con jueces, fiscales, letrados y profesionales de entidades como Ginso, Fundación Diagrama o Adis Meridianos. A estos últimos se les ha reconocido en las jornadas, así como con instituciones como el Defensor del Pueblo. Esto se hace para afrontar los retos que plantean los cambios en los perfiles de los jóvenes y los tipos de delitos. Mientras que, inicialmente, la mayoría provenían de entornos marginales y cometían hurtos y robos con violencia, hoy es frecuente que surjan conflictos en menores de familias normalizadas. Los delitos más comunes son las lesiones, la violencia filioparental y los ciberdelitos.

La Consejería de Justicia está creando el Observatorio Andaluz de Justicia Juvenil, el primero de este tipo en España. Su objetivo es realizar estudios, investigaciones y análisis de datos para adaptar la intervención con los menores a las nuevas realidades.

Durante la inauguración de las jornadas en el Caixaforum de Sevilla, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha calificado de “muy positivo” el efecto de la reforma de la Ley del Menor. Ha destacado la agilización de los procesos y la introducción de la Justicia Restaurativa, y también el “alto nivel de reinserción” que, según él, es “fundamental” por los recursos desplegados por la Junta y el trabajo de los profesionales con los menores infractores.

Por su parte, el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha abogado por la reeducación y la reinserción en lugar de medidas represivas, siempre con el interés superior del menor.

Maeztu se ha preguntado por una posible reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y ha señalado que no es un problema jurídico, sino social. Este problema tiene múltiples factores que solo pueden abordarse entendiendo y actuando sobre ellos. “La legislación de menores infractores no puede ser la solución definitiva al problema de la delincuencia juvenil. Verla como tal no es la vía más idónea”, ha concluido.

Para el también Defensor del Pueblo en funciones, la delincuencia juvenil debe afrontarse desde dos vertientes. Por un lado, debe abordarse la educación de los menores, enseñándoles sobre libertad y responsabilidad. Por otro, es necesario reprimir las conductas delictivas con las medidas adecuadas, pero siempre sin perder el enfoque educativo y de reinserción social.