Acuerdo entre Ayuntamiento y Junta para convertir la antigua comisaría del Derribo en el nuevo Palacio de Justicia de Alcalá

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha firmado este lunes el protocolo de colaboración con el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, para rehabilitar la antigua Comisaría de Policía Nacional de la Plaza del Derribo para convertirla en la sede judicial de Alcalá. Este proyecto reunificará los juzgados existentes y permitirá futuras ampliaciones del servicio.

Jiménez destacó que este acuerdo mejorará la eficiencia de los servicios judiciales y las condiciones tanto para los profesionales del sector como para los usuarios. Además, señaló la importancia patrimonial del edificio, ubicado en el casco histórico.

El protocolo detalla que el Ayuntamiento llevará a cabo la rehabilitación integral de la centenaria construcción, obra del arquitecto Juan Talavera, adaptándola a su uso y con capacidad para albergar ampliaciones futuras y ceder el edificio a la Junta para reunificar los cuatro juzgados existentes en la ciudad, actualmente separados a razón de dos en la Plaza del Duque y otros dos en la calle Rafael Santos.

La firma del protocolo permite al Ayuntamiento comenzar el diseño del proyecto del nuevo edificio. Precisamente, la alcaldesa ha mostrado al consejero documentación antigua de la planimetría y contratos de alquiler de la finca que están custodiadas en el Archivo Municipal y hoy han sido expuestas en el recibidor del Consistorio junto a la sala de Plenos.

La Consejería redactará el convenio de colaboración público-pública, mediante el cual la Junta pagará un canon al Ayuntamiento durante 30 años. Por cada euro invertido por el Ayuntamiento, recuperará 1,5 euros. Al finalizar este periodo, el edificio será propiedad municipal, permitiendo al Ayuntamiento decidir su futuro uso. La Junta también proporcionará las infraestructuras tecnológicas necesarias.

Además, el acuerdo implica la devolución al Ayuntamiento de la parcela previamente cedida en Montecarmelo, permitiendo su uso para otros fines más adecuados.

Para el consejero el gran valor de esta sede es el “ejemplo de colaboración entre administraciones que anteponen ante todo la atención al ciudadano. Alcalá, declarada recientemente Municipio de Gran Población, no es una ciudad dormitorio, es una ciudad que necesita sus propios servicios, que tiene vocación de crecimiento y desde la Junta queremos seguir colaborando, dotando de esos equipamientos que son de competencia autonómica”, ha destacado Nieto.

También elogió la gestión económica del Ayuntamiento y su eficiencia, agradeciendo el interés del Gobierno y la Corporación en un acuerdo beneficioso para los ciudadanos.

Edificio regionalista protegido

Diseñada por el arquitecto sevillano Juan Talavera Heredia en 1925, la  antigua comisaría de la Policía Nacional, originalmente una casa cuartel de la Guardia Civil, se encuentra en el centro de Alcalá, cerca del Ayuntamiento y frente a la iglesia principal Santiago el Mayor y la Cuesta del Águila. Su construcción se dio en un periodo de expansión económica para Alcalá, que también vio la edificación de otros edificios patrimoniales regionalistas, como el teatro Gutiérrez de Alba, la Casa de la Cultura (antiguo Matadero), o el Hotel Oromana, que coincidió con la concesión del título oficial de Ciudad y los preparativos de la Exposición Iberoamericana de 1929.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla para esta construcción un nivel de protección estructural por su interés histórico. Al estar protegido aunque en desuso desde 2005, tuvo que ser apuntalado para su conservación en 2010, y su rehabilitación supone un importante paso en la protección del patrimonio local.

Ventajas de su rehabilitación y uso

La nueva construcción aporta una serie de ventajas destacadas por las autoridades, quienes han resaltado el desempeño profesional en una sede moderna, equipada con los recursos y la tecnología necesarios, agilizando procedimientos en juzgados, registro civil, entre otros.

La modernización también reducirá la rotación de jueces, lo que agilizará igualmente los procesos, así como la dotación de equipamientos tecnológicos. Todo ello conllevará la agilidad en los procesos y el servicio judicial que se ofrece a la ciudadanía, así como la necesaria y demandada mejora de las condiciones laborales de los profesionales.